La actividad turística, según la Organización Mundial del Turismo, es una fuerza motriz para el crecimiento económico global inclusivo y continuado debido a la capacidad que hay dentro del sector para la generación de empleos decentes para todos, que es una de las metas de la Agenda Sostenible ONU 2030. Sin embargo, no puede anteponerse el bienestar económico al bienestar ambiental
La administración de Nicolás Maduro promulgó a mediados de este año la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con la cual se crearon regímenes fiscales y tributarios extraordinarios para cinco regiones de Venezuela en las que el chavismo quiere potenciar la inversión extranjera y fomentar el desarrollo local a través del turismo.
La propuesta no es innovadora, pues en el mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) , existen 5.400 ZEE. Sin embargo, en un país como el nuestro catalogado por el Banco Mundial como el peor de Latinoamérica para invertir debido a la inseguridad jurídica y política poner en práctica este modelo, que para el economista Manuel Sutherland implica la libre explotación de recursos humanos y naturales, podría generar más problemas ambientales y nidos para la corrupción que beneficios económicos; sobre todo por los fuertes incentivos para la evasión y elusión fiscal, alicientes al lavado de activos y a la corrupción con grupos ‘privilegiados’ con acceso a zonas con grandes posibilidades de extracción de recursos naturales.
En las últimas semanas la isla La Tortuga, ahora una ZEE y , ha sido centro de debate para los ambientalistas venezolanos debido a que, por los anuncios del viceministro de economía productiva, Héctor Silva, el proyecto de desarrollo económico en el archipiélago, tal y como está concebido hasta el momento, podría significar una devastación ambiental, siendo que, en un plazo de 10 meses, el gobierno chavista espera construir 10 resorts de alto nivel (…) un aeropuerto internacional y un puerto que va a ser destino de los cruceros que transitan por todo el Caribe, reseñó la página del ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Francisco Javier Velasco, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, señaló que ejecutar una obra de esa envergadura en un área de tanta importancia ecológica y en un contexto como el actual marcado por el cambio climático y la reducción de la biodiversidad en los ecosistemas del mundo pondría en riesgo a muchas especies.
Es una irresponsabilidad lanzarse con un proyecto a gran escala de turismo depredador en un modelo desarrollista (…) Desde hace tiempo hay tortugas marinas en la isla y también la construcción del terminal aéreo sería devastador para las aves migratoria, que morirían en masa o dejarían de llegar, advirtió el activista ambiental.
Esta isla y sus cayos aledaños, de acuerdo con un boletín del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad del Zulia, son sitios de pernocta para pájaros de paso provenientes del Neoartico, una ecozona que cubre parte de Norteamérica y Groelandia, especialmente de las aves limícolas charadriiformes, de las cuales se identificaron 11 especies en ese territorio venezolano, todas protegidas por la Red Hemisférica de Aves Playeras, de la cual Venezuela es firmante.
Dependencia de la sostenibilidad ambiental y económica
Joaquín Benítez, director de Sustenbilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo también que el desarrollo de infraestructuras como las mencionadas por las autoridades chavistas requieren recursos y espacios que en la isla, uno de los últimos reservorios prístinos en el país, son reducidos o limitados.
Por ejemplo, las condiciones de la costa y las profundidades requeridas para el puerto, prácticamente obligan a instalarlo en la costa sur de La Tortuga, donde hay lagunas, manglares, arrecifes y cetáceos, que son elementos susceptibles de ser afectados por dicha construcción.
En ese sentido, el también ingeniero comentó que para hacer de este un proyecto turístico sustentable se tiene que planificar y diseñar en función de la naturaleza que allí se tiene, dando paso a la identificación de los sitios sensibles desde el punto de vista ambiental como las praderas de thalassia, que son alimento para peces de gran relevancia económica como los pargos y los meros, que evitaría intervenciones perjudiciales para los ecosistemas.
Yo creo que el desarrollo del complejo turístico, tal y como está concebido, de acuerdo con la información que se ha podido conocer, debería repensarse. Hay unos elementos que parecen no ser compatibles con un modelo de desarrollo sustentable: un puerto de cruceros, canchas de golf, etc; son estructuras que no tienen cabida en la isla porque la afectarían y generarían impactos ambientales que a la larga van a ir contra la misma sostenibilidad de la actividad económica del proyecto. Nadie va a querer visitar lugares contaminados. Preservar al máximo las condiciones de La Tortuga garantizaría que sea (en referencia al proyecto) perdurable», comentó en entrevista con TalCual.
La misma Constitución venezolana, en el artículo 129 del capítulo de derechos ambientales, establece que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural y apunta que en los contratos que el Estado celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen que afecten los recursos naturales se debe considerar la obligación de conservar el equilibrio ecológico (…) y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado. Por ahora no se ha hecho público ningún informe oficial que contemple estas consideraciones.
¿La Tortuga debe permanecer intacta?
La Organización Mundial del Turismo plantea que la actividad turística es una fuerza motriz para el crecimiento económico global inclusivo y continuado, pues dentro del sector se crean uno de cada 10 puestos de empleo, lo cual también contribuye a la generación de oportunidades de acceso al trabajo decente para todos, que es una de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Naciones Unidas 2030.
En Portugal, con destinos y turismo ecológico certificado por la Unesco, por ejemplo, el desarrollo de políticas que promueven la actividad turística sostenible y los productos locales produjo una tasa de crecimiento del empleo de cerca del 70%. Sin embargo, a diferencia de lo que parece ser hará el gobierno venezolano, ellos sí tomaron en cuenta las limitaciones de la libertad económica en función de la protección ambiental.
Para el ambientalista Francisco Javier Velasco, La Tortuga no necesariamente debe permanecer intocada, puesto que podría representar un gran potencial económico, pero sí debe realizarse un marco regulatorio que limite aspectos que van desde la afluencia de personas en el complejo turístico hasta los materiales a usar para la construcción que no afecten el suelo. Todo esto a fin de proteger al máximo la zona.
Hay un tipo de turismo en el que el centro de atención es ir y reconocer lo que allí se da, apreciarlo. Lo nuestro entonces no puede ser un turismo masivo o depredador como el que puede ocurrir en otras partes. Debe ser asesorado por especialistas en la materia (el proceso de ejecución del plan turístico) no puede ser dejado en manos de burócratas, señaló.
El también profesor de la Universidad Central de Venezuela comentó que los trabajadores que van a operar en este sitio turístico deben recibir formación relacionada a la parte histórica y cultural de la zona. También los posibles pobladores del lugar deben ser educados para vivir de forma sostenible en la cotidianidad.
Por su parte, Benítez considera que debe hacerse un diseño de estructuras relacionadas a los servicios públicos que tenga el menor impacto posible sobre el ambiente, pues al ser un lugar que no tiene sistemas de purificación de agua ni electricidad, la construcción de las edificaciones hoteleras implicaría una gran demanda de agua potable y energía eléctrica que habría que llevar a la isla.
Todo el agua que se utilice luego hay que ver qué se hace con ella, si se va a tratar o reutilizar, o si se van a tener pozos sépticos determinados (….) las necesidades de los huéspedes, las necesidades de quienes trabajen allí, y de los procesos de apoyo deben considerar operar con un gasto muy reducido de agua dulce, explicó.
Múltiples ONG, entre ellas el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, han hecho un llamamiento no solo a las autoridades para que reconsideren este proyecto en los términos adecuados sino también a la población y a los actores del mundo científico y el activismo comunitario y ambiental, para que ser organicen y ejerzan presión sobre la causa.
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